Comisión de Juegos

Los casinos están entre las actividades económicas que gerencia la Comisión de Juegos. Archivo/EL VOCERO

Orlando Rivera ha hecho lo que ningún jefe de agencia hizo en el pasado; insertar en el servicio público la sincronía en asuntos programáticos de personas con marcados diferendos ideológicos y disímiles en la cotidianidad del proselitismo partidista. Son individuos comprometidos, no solo con la letra, sino con el espíritu y propósito de la ley. Es algo que en otras agencias ha comenzado a hacerse y que habla muy bien del gobernador Pedro Pierluisi, en particular. Son señales de que los tiempos del clientelismo político pueden estar llegando a su fin, gracias a la eliminación de las consabidas divisiones políticas dentro del servicio público.

Como director ejecutivo de la Comisión de Juegos —agencia de nueva creación bajo el gobierno de Ricardo Rosselló— está encargado de gerenciar la agrupación de diversas actividades económicas dentro del mundo de las apuestas: los casinos —por idea de Teodoro Moscoso, legalizados desde 1948—, el hipismo, las llamadas “máquinas en ruta” y el exótico ‘sports betting’ o apuestas deportivas.

La fiscalización de los casinos, propiamente, es algo que se trasplantó desde la extinta Compañía de Turismo a la Comisión de Juegos. Su propósito —loable en intención y eficaz en la práctica— fue evitar el conflicto de fiscalización por parte de la agencia promotora. O sea, fiscalizar salas de juegos enclavadas en los hoteles que eran promovidos por la misma agencia fiscalizadora. Algo que en ocasiones creaba disonancia con el propósito de la política pública, lo que ahora con la nueva agencia y bajo un nuevo sistema no se ha afectado la operación, porque los recaudos en el último año se han disparado.

En cuanto al hipismo —una de las áreas sociológicamente más conflictivas en cualquier jurisdicción del planeta— se han estrechado las largas distancias que había en el trato y la gobernanza, que era un uso y costumbre desde hace décadas. Bajo la pasada administración se trató de actualizar unas cosas, pero la subcultura con raíces de hondo calado se convierte en un recodo para los cambios a favor del interés público. Sin embargo, Orlando ha calibrado la brújula y asoman nuevos tiempos.

Como una digresión, los caballos son algo entronizado en nuestra cultura desde tiempos de la colonización de América y de la que Puerto Rico formó parte, pues el mundo de las carreras tiene varios siglos en nuestra historia. Es muy conocida la leyenda de Baltasar Montañez, jinete que en una carrera en la calle del Cristo, a mediados de la década del cincuenta del siglo XVIII, tropezó su equino con el muro al final de la vía y ambos cayeron al vacío. Al verificar por su suerte, Baltasar milagrosamente estaba vivo. De ahí la construcción de la capilla. Lo que explica porqué en algunas personas este tipo de eventos puede tener cierta connotación religiosa.

Un elemento nuevo en esta administración, de la que Orlando es su ejecutor, es la legalización de las máquinas de juego en los negocios en todo Puerto Rico. Se elimina un delito para convertirlo en actividad económica con todas las de la ley. Se sacan del antro de la ilegalidad y se traen al mundo donde la normatividad legal y reglamentaria, en un sano interés para el pueblo y para el disfrute de la ciudadanía crea recaudos adicionales al fisco.

Esta actividad económica, legalmente en ciernes, sería operaria de alrededor de 25 mil máquinas distribuidas por toda la Isla. Pueden llegar hasta un tope de 45 mil y con proyección en recaudos de 60 millones, de los que el 33% iría al fisco. En realidad, esto no es nuevo, pues en 1974 se aprobó la ley para introducir tragamonedas en los casinos y dentro del mismo estatuto se insertó una cláusula para que una partida de lo obtenido fuera para la Universidad de Puerto Rico. En esta iría un por ciento para el retiro de los policías.

Sin embargo, son las apuestas deportivas el futuro principal de la industria de juegos de azar. Es un animal exótico. Fue Murphy v. National Collegiate Athletic Association, que declaró inconstitucional la Professional and Amateur Sports Protection Act (PASPA) que prohibía a los estados aprobar leyes dirigidas a permitir las apuestas de este tipo. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos entendió que violaba la soberanía estatal reconocida por la Décima Enmienda. Esa decisión es extensiva a Puerto Rico, aunque no seamos un estado.

Todo eso está en manos de Orlando, que con sus manos sobre el timón ha logrado enfilar la proa hacia puerto seguro. Ya tiene la confianza de todos. Ahora merece la del Senado.

Mario Ramos, Historiador