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En la foto el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano. >Brandon Cruz González/EL VOCERO

Cuando Puerto Rico sufre los embates de la fase más letal y neurálgica desde la llegada del coronavirus, es imperativo que las autoridades de salud identifiquen y defiendan con celeridad los fondos necesarios para evitar mayores disloques en la lucha salubrista contra la pandemia.

Porque resulta inconcebible, e inaceptable, que el País se encuentre en la incertidumbre sobre el financiamiento de los programas contra el Covid-19, debido a la omisión en el presupuesto vigente de una partida de $150 millones que se necesitan entre el 1ro de enero y el 30 de junio, cuando culmina el año fiscal 2020-21.

Esa omisión —que luce un daño autoinfligido— tiene copartícipes, uno de los cuales debe ser precisamente el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, porque en medio de una crisis de este tipo, es quien tiene que ejercer la principal presión ministerial en la fijación de la escala de prioridades y en el diseño fiscal que sustentará la estrategia salubrista.

Esa deficiencia de fondos pandémicos, admitida por el titular de Salud en el marco de su comparecencia a las vistas de transición gubernamental, amenaza nada más y nada menos que el crucial sistema de rastreo de contactos municipal, así como los programas de pruebas gratuitas, pruebas en hogares de cuido prolongado, pruebas de cernimiento en los aeropuertos, así como los de comunicaciones y el bioportal de la agencia.

Estas áreas —cuya operación tiene un costo global de $25 millones mensuales— tendrían dinero solo hasta este 31 de diciembre, en el escenario de que no tuvieran éxito a tiempo las gestiones que se realizan, entre ellas con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), según el funcionario.

Quisiéramos ver esta situación como un caso aislado a la hora de evaluar el desempeño —con más sombras que luces— del Departamento de Salud frente a la pandemia. Pero no parece así.

La incompetencia de la administración ha sido la orden del día en el manejo de las distintas fases de la estrategia salubrista.

La agencia líder, encabezada por González Feliciano, en esta batalla no ha tenido ni siquiera la capacidad para utilizar adecuadamente los fondos federales en el programa de rastreo de contactos, un sistema inicialmente desarrollado por la epidemióloga Fabiola Cruz en el municipio de Villalba y que Salud terminó haciéndolo suyo después de un prolongado periodo de indecisiones.

Al País le urge saber que cuenta con un equipo enteramente transparente y comprometido al frente de esta lucha, que renuncie a la incapacidad que se ha mostrado hasta en la identificación de las fuentes de contagio.

Nos encontramos en un momento crítico en el que el mismo secretario de Salud alerta de la posibilidad de que los fallecidos, que hasta ayer sumaban 982, sobrepasen los 1,000 antes de concluir noviembre.

Esta proyección de letalidad se da en el contexto de un ritmo de expansión del virus que, a este jueves, registraba un total de 84,671 casos, entre confirmados, probables y sospechosos.

Nos indica este cuadro que no se puede llegar al 31 de diciembre en un limbo fiscal sobre el futuro inmediato de estos programas clave en la detección, rastreo y tratamiento de los casos de contagio.

Sin excusa, es obligatorio revertir la incompetencia y la falta de previsión en el manejo de la crisis.