Jaresko

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko. >Brandon Cruz González/EL VOCERO

Desde que el gobierno de Estados Unidos impuso la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico no ha ocurrido que en un año fiscal se haya podido lograr un acuerdo para la implementación del presupuesto de gastos generales del gobierno local.

El gobierno siempre reclama que su presupuesto es el correcto y necesario, y por el otro lado la Junta argumenta que no coincide con lo que debe ser para que tenga el balance adecuado y encamine a Puerto Rico, como entidad pública, a que pueda salir de la quiebra.

Al final todos sabemos el resultado: prevalece el presupuesto que la Junta defina.

Nuevamente queremos hacer un llamado al consenso de todos los sectores, no solamente de los políticos, sino de los económicos y sociales de nuestro país para que dejemos a un lado las agendas particulares, los compromisos individuales y los discursos.

Hay dos objetivos principales en que todos debemos coincidir y para los que debemos trabajar juntos aunque no necesariamente estemos de acuerdo con la existencia de organismos reguladores impuestos: desarrollar un crecimiento económico sostenido de Puerto Rico para poder salir de la quiebra y mejorar la calidad de todos los ciudadanos.

Es indiscutible que uno es consecuencia del otro; entonces —si todos buscamos lo mismo— ¿por qué no trabajamos juntos y nos concentramos en los puntos comunes en lugar de dramatizar las diferencias?

Las confrontaciones solamente engendran problemas y sinsabores que cargan negativamente la discusión y añaden costos innecesarios al proceso, dinero que bien podría utilizarse en lanchas para Vieques y Culebra o para atender víctimas de violencia doméstica o para trabajar con el rezago de los estudiantes del sistema público.

A manera de ejemplo, el gobierno, desde que la Junta llegó a Puerto Rico, ha tenido que gastar una altísima suma —que ya ronda los $900 millones— en costos de abogados para negociar con bonistas, litigar demandas o simplemente defender la validez del presupuesto de gastos públicos.

Esta suma ha salido del erario y estamos seguros de que si se hubieran logrado presupuestos concertados, está cantidad hubiera sido menor y probablemente el excedente del fondo general se pudo haber usado en mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.

No podemos dejar de mencionar que todavía se nos hace difícil aceptar la idea de que tengamos que contratar abogados de Estados Unidos a más de $700 la hora, dinero que prácticamente no se queda en nuestra economía, cuando en Puerto Rico hay abogados altamente capacitados que cobran menos de la mitad de esa tarifa. De estos gastos legales la menor parte está en manos de abogados locales.

Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que el poder ejecutivo, los senadores, los representantes y la Junta se pongan de acuerdo? Nos parece que aunque el tema es complejo y escabroso, si se empieza por el punto más fácil, que es voluntad de lograrlo, ya se da un gran paso. Pero si cada cual mantiene su posición, mantendremos el círculo vicioso de que “la culpa no es mía, es del otro” y al final los platos rotos los paga el pueblo de Puerto Rico.

Es menester recordarles a todos los miembros del poder ejecutivo y del poder legislativo que para quien ellos trabajan es para el pueblo de Puerto Rico.

Dicho de otra manera: tienen que actuar en consenso para el beneficio de todos los ciudadanos.

De esta forma el camino hacia la recuperación empezará a acelerarse.