Escuelas 1

Una política pública educativa, y la reutilización planificada de las escuelas cerradas en deterioro, deben ser parte integral de la respuesta del gobierno a la disminución poblacional, la deuda pública y un sistema educativo con grandes dificultades. Las escuelas públicas en Puerto Rico son particularmente importantes para las comunidades a las que sirven, ya que además de ser centros de enseñanza básica, proveen espacios de intercambio social, cultural y de aprendizaje intergeneracional, en los cuales también se tiene acceso a una sana alimentación, se ejerce el derecho al voto y se brinda refugio durante situaciones de emergencia.

A pesar de lo anterior, desde el año 2007 el gobierno ha cerrado casi la mitad de las escuelas públicas del País (673), desplazando a 8,000 docentes y a 56,000 estudiantes. A pesar de justificar los cierres como una medida necesaria de reestructuración y de ahorro de fondos públicos, los mismos han tenido un impacto profundo en los estudiantes, las familias y las comunidades, así como un ahorro mínimo al erario, ya que tan solo una quinta parte de los planteles han sido vendidos o arrendados y una cuarta parte están siendo reutilizados.

El Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), en conjunto con la Universidad de Berkeley, realizó un estudio en el que indica que de los 123 contratos firmados entre 2014 y 2019 autorizando la venta o alquiler de escuelas cerradas, el gobierno ha vendido 10 planteles en total, nueve a corporaciones privadas y uno a un ciudadano particular, por un precio de venta promedio de $411,000. De los restantes 113 planteles bajo contrato de arrendamiento, el 80% son alquileres por $1 mensual y en el 20% se paga otro canon. Si algo evidencia estos números, es que el masivo cierre de escuelas, lejos de generar ingresos y ahorros, lo que genera son grandes costos que se extienden y afectan al conjunto de la población.

A pesar de que la condición actual de las escuelas cerradas varía, muchas se encuentran en mal estado, en desuso, abandonadas y en avanzado estado de deterioro, aun estando bajo la responsabilidad del gobierno. De una muestra de 119 escuelas, se desprende que el 69% permanece en desuso y en estado de abandono y el 41% presenta algún grado de deterioro o problema de seguridad.

También se desprende que en las determinaciones de cierre no se integraron las familias afectadas, maestros, trabajadores sociales o cualquier otro sector de la comunidad escolar. El Departamento de Educación anunció los cierres de manera casi inmediata y sin proveer explicación o información alguna sobre los criterios utilizados para tal determinación. Tampoco se ofreció acompañamiento a las familias afectadas en el proceso de reubicación de los estudiantes, dejando a estas familias en el arduo proceso de identificar una nueva escuela con capacidad de acoger nuevos alumnos, muchos de ellos con necesidades de educación especial.

Actualmente existe un comité (Cebdi) compuesto por los titulares de Aafaf, OGP y el DDEC, quienes deciden cómo se dispone de los inmuebles del Estado. Entiendo que las escuelas deben tener un tratamiento diferente, más participativo y comunitario.

A estos fines, presenté el Proyecto del Senado 274, el cual pretende crear una comisión multisectorial para el manejo y disposición de las escuelas cerradas, requerir designar un nuevo uso antes de aprobar un cierre, garantizar la participación de la comunidad escolar en la toma de decisiones, establecer rangos de prioridades al momento de disponer o alquilar una escuela, emitir convocatorias y solicitudes de propuestas para mercadear escuelas específicas y retener un porcentaje de cada venta o alquiler para futuros proyectos de otras escuelas.