Juez

¡No se reabrirán los casos cuyos veredictos por pluralidad de jurados advinieron finales y firmes!

La tan esperada decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. (TSEU) en el caso Edwards v. Vannoy (No. 19-5807, 17/mayo/2021), respeta los derechos de las víctimas sobrevivientes de delitos de violencia en Luisiana, Oregón y Puerto Rico. La amenaza que pesaba en nuestras conciencias de tener que revivir experiencias desgarradoras, fue trancada con candado federal. Legisladores del patio que convirtieron el P de la C 283 de la autoría de José Enrique “Quiquito” Meléndez en un Frankenstein draconiano, deben recoger vela. Ante la decisión de Edwards v. Vannoy y la presión pública levantada, comprometido con retirar tal aberración, el representante Meléndez anunció que el pasado martes la Cámara de Representantes solicitó al Senado su devolución, concedido el viernes. Veamos.

Edwards v. Vannoy resolvió la no retroactividad de veredictos unánimes según promulgado en Ramos v. Luisiana (2020) -limitado solamente a los casos pendientes en los tribunales- para celebrar un juicio nuevo si los veredictos obtenidos fueron por mayoría. Edwards v. Vannoy versa sobre si el requerimiento de veredictos unánimes es una norma sustantiva o procesal y, si la misma, se considera una norma nueva de carácter crucial (“watershed”) o vieja en cuyo caso sería de aplicación retroactiva. La opinión de la mayoría suscrita por el juez ponente Bret Kavanaugh, con la concurrencia de Thomas Clarence, dispone que el veredicto por jurado unánime es una norma procesal nueva que no cumple con el umbral de norma crucial (“watershed”); por ende, no es de aplicación retroactiva. La opinión mayoritaria llegó al extremo de expresar la imposibilidad que existiese una norma crucial argumentando que era una falsa esperanza para litigantes. En esencia, enterraron la figura jurídica de norma crucial, pronunciándola “moribunda” (p.15).

En otro aspecto fundamental de Ramos y Edwards, ambos casos tratan de violencia en contra de la mujer. Ramos fue convicto por violencia sexual y asesinato de Trinece Fedison cuyo cuerpo apareció en un zafacón en un callejón en Nueva Orleans (noviembre 2014). Se identificó ADN en el cuerpo de la fenecida y la tapa del zafacón que coincidían con Evangelisto Ramos. Por su parte, el caso de Thedrick Edwards, este junto a otro asaltante, Joshua Johnson, en 2006 secuestraron al estudiante universitario Ryan Eaton, obligándole sin éxito a sacar dinero -que no tenía- de un cajero automático. Posteriormente, le coaccionaron a contactar a su novia para visitarla. Cuando llegan a su apartamento, a la novia de Eaton y a una amiga, las violan y sodomizan bajo amenaza de muerte con arma de fuego.

Con visos de reivindicarse ante la opinión pública, Kavanaugh expresa “conducir juicios nuevos años más tarde inflige dolor sustancial en las víctimas de crímenes que deberán testificar otra vez atravesando dichos juicios nuevos. En este caso, las víctimas de robos, secuestros, y violaciones tendrían que revivir su trauma y testificar nuevamente, 15 años desde que los crímenes ocurrieron” (No. 15-5807, 17/mayo/2021, p. 7). Camino a su confirmación al TSEU, Clarence Thomas y Bret Kavanaugh, enfrentaron serias denuncias vertidas en vistas públicas de parte de alegadas víctimas de violencia sexual. En 1991, la licenciada Anita Hill ante la comisión senatorial -a cargo del hoy presidente Joseph Biden- alegó ser víctima de hostigamiento sexual en el trabajo, irónicamente, en la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo bajo Clarence Thomas. Por su lado, en 2018 la doctora Christine Blasey Ford alegó haber sido atacada sexualmente en 1982 por Bret Kavanaugh. Con casi tres décadas de diferencia, sin embargo, el Senado de EE. UU. reprodujo el discrimen sexista confirmándoles como jueces asociados del TSEU.

En cuanto al P de la C 283, el representante Quiquito Meléndez alegó públicamente que fue enmendado en la Comisión de lo Jurídico, mientras convalecía de vacunarse contra el covid-19. De la hoja de votación del jueves 29 de abril surge que él estuvo ausente. No obstante, el informe positivo de la Comisión de lo Jurídico -de la cual Meléndez es integrante- expresa que en la Sesión Pública de Consideración del 5 de abril en que se leen “las enmiendas debidamente circuladas a los integrantes”…“mediante correo electrónico de un Entirillado Electrónico, no se recibieron enmiendas adicionales por lo que se consideró”…“el documento circulado. Con ocho (8) votos a favor, ninguno en contra y ninguno abstenido,” se aprobó el proyecto con enmiendas (9/mayo/2021, p. 11). ¿El representante Meléndez estuvo convaleciendo por más de 24 días o guardó silencio cuando tuvo oportunidad para oponerse a las enmiendas circuladas? ¡La asamblea legislativa deberá ponerle el punto final a esta historia, comprometiéndose a respetar los derechos de las víctimas!