Lancha

Como puertorriqueña y abogada de derechos civiles, el presenciar nuevamente cómo nuestro gobierno trata a los residentes de Vieques y Culebra como ciudadanos de segunda clase es angustiante. Una y otra vez los viequenses y culebrenses se enfrentan a trato desigual con respecto a servicios esenciales básicos, en este caso la falta de transportación marítima confiable y eficiente entre la “isla grande” y las islas municipio.

Es insostenible que el gobierno de Puerto Rico recurra a activar la Guardia Nacional y use fondos públicos para alquilar barcazas de compañías privadas, a un costo exorbitante, porque solamente una de seis lanchas de la Autoridad de Transportación Marítima (ATM) que sirven a Vieques y Culebra está operable. El proceso de reparación de las otras lanchas ha durado demasiado.

El gobernador Pedro Pierluisi y el director de la ATM, Jorge Droz, deben acelerar la resolución de la crisis de transportación marítima con la participación activa de los pueblos de Vieques y Culebra en todas las decisiones.

El terminal de lanchas de Fajardo, sede de la transportación marítima para Vieques y Culebra, cerró hace más de un año debido a condiciones deplorables. El terminal permanece en ruinas y el servicio fue trasladado a la antigua base naval en Ceiba. Una amiga de mi niñez residente en Culebra me comparte que Ceiba carece de servicios que los residentes de Vieques y Culebra obtenían en Fajardo, como lo son doctores, agencias gubernamentales, ferreterías y supermercados.

Recientemente, varios camiones con gasolina y diésel fueron forzados a regresar a la isla grande porque no podían desembarcar en el puerto de Vieques, lográndolo luego porque los mismos residentes fortalecieron una rampa de tierra, trabajando toda una noche para la entrega al siguiente día. Esta situación, digna de admiración por la tenacidad y determinación de los viequenses, demuestra que los funcionarios elegidos de Puerto Rico son ineficientes en asegurar la entrega segura y confiable de servicios y bienes esenciales a las islas.

El servicio marítimo deficiente se remonta a muchos años atrás. Un informe reciente de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Escuela de Leyes de la Universidad de Santa Clara describe una investigación detallada de esta crisis, concluyendo que la falta de un sistema de transporte marítimo confiable viola leyes de derechos humanos internacionales. Como territorio de los Estados Unidos, el gobierno de Puerto Rico está obligado a cumplir con todo tratado de derechos humanos internacional y regional ratificado por los EUA dentro de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

El gobierno está legalmente obligado a proveer a sus residentes acceso a servicios de salud, sin embargo, falla en hacerlo. Los viequenses no tienen otra opción que obtener servicios médicos en la isla grande, para lo cual dependen de las lanchas, ya que el único hospital en Vieques, destruido por el huracán María, aún no ha sido reconstruido. Los residentes de Culebra, aunque tienen una clínica de emergencia, deben viajar a la isla grande para obtener servicios de salud y atención médica. Itinerarios inconsistentes, cambios en la localización de terminales y averías en las embarcaciones causan que los residentes pierdan citas médicas y sufran angustia innecesaria en su búsqueda de servicios médicos. La crisis marítima afecta el derecho al empleo y el mejoramiento económico debido a los limitados trabajos disponibles en las islas y las inevitables tardanzas a los trabajos que ocasionan los retrasos en el servicio de lanchas. Además, las embarcaciones de carga frecuentemente fallan en entregar bienes según programados, causando escasez en artículos necesarios como comida, efectos del hogar y otros productos esenciales.

El derecho humano a la educación pública se ve violada también por la crisis marítima. Debido a que las islas no proveen estudios universitarios, los estudiantes dependen del servicio de lanchas para asistir a la universidad y escuelas profesionales en la isla grande, pero este esfuerzo es sumamente difícil y casi imposible debido al servicio de transportación marítima poco fiable.

Los viequenses y culebrenses tienen derecho a libertad de movimiento y a escoger su propia residencia bajo el derecho humano internacional. No deberían tener que mudarse a la isla grande para disfrutar de sus derechos básicos.

La gente de Vieques y Culebra no tiene otra opción que protestar en el agua y en la calle, levantar sus voces contra la opresión que enfrentan y demandar trato igual por parte de su gobierno. A ellos les decimos: ¡Estamos con ustedes! ¡La Isla es más que 100 x 35!