El Capitolio

Puerto Rico viene enfrentando un problema de corrupción sistémica. La transparencia y la integridad de lo público no han sido las virtudes que han distinguido la generación de políticos, funcionarios públicos y empresarios de las pasadas décadas. Los recientes acontecimientos de corrupción política continúan profundizando la pérdida de credibilidad y confianza en el gobierno. Es evidente que las instituciones gubernamentales han sido capturadas por élites que están desconectadas de las necesidades de sus electores o son cómplices en esquemas ilícitos que benefician a un grupo privilegiado a expensas de los ciudadanos comunes.

Esta realidad puntualiza la necesidad de que los partidos políticos y las administraciones gubernamentales consideren la corrupción como un asunto de precariedad de la gobernabilidad y de claro interés social. El problema central de la corrupción en los gobiernos es que plantea dilemas de gobernanza para los políticos. Los efectos de la corrupción y el tráfico de influencias tienen un amplio alcance ya que afectan las decisiones y los servicios públicos que presta el gobierno a la población. Estas redes de influencia utilizan pagos ilegales (sobornos y empleados fantasmas), pero también construyen redes de influencia a través de pagos legales (donativos a partidos políticos o empleo de amigos y familiares).

La corrupción ocupa el primer lugar en el monitoreo de medios de los temas de interés que analizamos en el Observatorio Puerto Rico Transparente. De acuerdo con el análisis de la red de investigadores del Centro de Gobernanza este fenómeno ya se ha convertido en una práctica dañina que pone en riesgo el bien común de la sociedad. Los resultados del estudio de investigación sobre Gobernanza y responsabilidad fiscal: una plataforma para la gestión de los asuntos públicos en Puerto Rico realizado en 2014, puntualizan que los efectos económicos, políticos, sociales y culturales que produce la corrupción son contrarios al interés público y al bienestar común; reduce la eficiencia de la administración pública y aumenta el gasto gubernamental; provoca desencanto político y la gente pierde la confianza en su gobierno, en los partidos políticos y en el sistema democrático.

La pregunta obligada luego del verano de 2019 es, ¿cómo los puertorriqueños podemos construir un mejor gobierno que genere resultados de impacto positivo para la sociedad? Dado que la corrupción entraña un mal sistémico que opera a favor de intereses particulares y no en favor del interés público y el bien común, pocos temas de política pública son tan complejos como la lucha contra la corrupción. El complejo entramado de factores que está presente coloca a los diseñadores de políticas públicas en un denso y tupido entramado de asuntos por la complejidad técnica que conlleva encontrar su solución. Enfrentar la corrupción además de ser extremadamente retador desde el punto de vista técnico implica necesariamente voluntad política auténtica por parte de los responsables de la toma de decisiones. También requiere de un compromiso firme de los ciudadanos y los empresarios para coproducir las ideas, movilizar la acción, los resultados y calibrar los riesgos. Se hace necesario poner al ciudadano al centro de la gestión pública y la coherencia y la articulación de la acción pública en términos de la definición clara de los problemas, la toma de decisiones y su ejecución.

El gran desafío de los partidos políticos en el proceso electoral que se avecina es asegurar que se presenten candidatos dignos sobre los cuales tengan certeza de su capacidad e integridad para ocupar un cargo público. Los partidos políticos son una de las instituciones de la sociedad con mayor rechazo por parte de la ciudadanía. Están desprestigiados, no articulan proyectos políticos convocantes y sus dirigentes concentran cada vez mayor poder en sí mismos y no en sus constituyentes. Su financiamiento no es transparente y no cumplen su función social.

Dado que los partidos políticos no han mostrado interés en adoptar las buenas prácticas de gobernanza que desalientan la corrupción, es el momento de que los ciudadanos les exijamos este compromiso con la sociedad y que fiscalicemos que lo cumplan. Lo cierto es que las deficiencias en la selección de los candidatos políticos traen como resultado malas administraciones, clientelismo y corrupción. La situación es realmente alarmante porque la corrupción no solo mina la eficiencia de la gestión pública, sino que contribuye al descrédito del partido político que gobierna y a toda la clase política.

Elevar al próximo nivel la gesta ciudadana del Verano de 2019 nos obliga a comprometernos a provocar los cambios impostergables de los partidos políticos, responsabilizarnos como electores y ejercer el derecho al voto para asegurar la mejora de la gobernanza y el fortalecimiento de nuestra democracia.