comisionada residente

La comisionada residente Jenniffer González Colón presentó parte de su agenda en el área de seguridad enfocada en combatir el narcotráfico, asegurar asignaciones de recursos y fondos para programas anticrimen, así como prevenir la violencia contra la mujer, la trata humana y los crímenes de odio.

La comisionada propone presentar legislación para codificar en ley federal el que la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, siglas en inglés) tenga que publicar una Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe, enfocada en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

“Me aseguraré que ONDCP implemente la Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe 2020 recientemente publicada y que el gobierno federal asigne los recursos necesarios en Puerto Rico y las Islas Vírgenes para llevarla a cabo. Velaré también porque esta importante herramienta de trabajo se actualice e incluya en futuras versiones de la Estrategia Nacional de Control de Drogas, como se requiere actualmente gracias a los esfuerzos que realicé junto a la Congresista de Florida Stephanie Murphy”, dijo González Colón quien también buscará incrementar y fortalecer los recursos de ley y orden en Puerto Rico, incluyendo equipo, personal, tecnología y asistencia técnica y financiera.

La congresista logró la aprobación del H.R. 5869- Martime Border Security Review Act-de su autoría y el cual se convirtió en ley como parte del FAA Reauthorization Act of 2018, para que se realizara un análisis de las amenazas en la frontera marítima de los Estados Unidos. Esta evaluación incluye las amenazas terroristas y criminales a lo largo de la frontera marítima, las mejoras necesarias en los puertos marítimos para reducir la actividad delictiva y las vulnerabilidades actuales que impiden una seguridad fronteriza efectiva. El reporte fue sometido recientemente al Congreso para evaluación.

También dijo que buscará que se provea un financiamiento “robusto” y que se incremente el apoyo al Caribbean Corridor Strike Force.

Además, impulsará que se procesen más casos federales en Puerto Rico contra organizaciones criminales transnacionales que operan en el Caribe.

Igualmente, indicó que debe haber colaboración entre las agencias federales para mejorar las capacidades de monitoreo y maximizar la efectividad de las operaciones antidrogas en la región y que se deben asignar los recursos y equipos necesarios para apoyar e incrementar las operaciones antidrogas en el Caribe.

Recordó, a su vez, que abogó y aseguró fondos para la transición de helicópteros MH-65 a MH-60 en la Estación Aérea Borinquen de la Guardia Costera.

Los helicópteros MH-60 mejorarán la efectividad de las misiones de seguridad fronteriza, de búsqueda y rescate.

Adelantó que seguirá trabajando para garantizar que estos fondos se incluyan en el presupuesto final para el año fiscal 2021 acordado por la Cámara y el Senado federal.

González Colón dijo que pretende asegurar el financiamiento robusto para los programas federales que proveen fondos anuales a las agencias estatales y municipales de ley y orden que, junto a las agencias federales, ayudan a proteger la frontera del Caribe.

Estos programas son el Byrne Justice Assistance Grant (Byrne JAG) Program, el Community Oriented Policing Services (COPS) Hiring Program, el Project Safe Neighborhood Program, el High Intensity Drug Trafficking Areas (HIDTA) Program, entre varios otros.

En coordinación con la Oficina del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, González Colón se compromete a abogar por nuevas plazas de investigadores “Criminal Investigator Deputy U.S. Marshal” y por lo menos una plaza de inspector del Grupo de Operaciones Técnicas que estén asignados específicamente en el Task Force que sirve al Distrito de Puerto Rico; así como por la obligación de fondos para reclutar el personal necesario.

Sobre la violencia doméstica en la Isla, comentó que “esto es escalofriante y es una práctica que no podemos normalizar. A raíz de esta alarmante cifra y de los recientes casos de mujeres desaparecidas, le solicité al Fiscal Federal para Puerto Rico Stephen Muldrow, crear un grupo de trabajo federal compuesto de agencias federales y estatales, organizaciones sin fines de lucro e instituciones de educación superior para atender la violencia y crímenes violentos contra la mujer, proponer medidas inmediatas y de largo plazo para proteger a las mujeres contra la violencia”.

Agregó que “la creación de este grupo de trabajo fue anunciada la semana pasada junto con nuevas iniciativas y recursos asignados bajo el Violence Against Women Act (VAWA), adicionales a los que he conseguido durante estos últimos años”, dijo la comisionada quien es coautora de la ley bipartita para Reautorizar la Ley Debbie Smith (Ley Pública 116-104) que asigna fondos a estados y jurisdicciones para realizar análisis de muestras de ADN acumuladas de ofensores y víctimas de delitos incluidos los “rape kits”.

“Como vicepresidenta del Caucus de la Mujer en el Congreso, siempre he apoyado la igualdad y la seguridad de las mujeres. Como comisionada residente mi compromiso es continuar abogando para que, a las instituciones educativas, organizaciones sin fines de lucro y agencias estatales relacionadas a los asuntos de la mujer se les sigan asignando los fondos necesarios para combatir la violencia doméstica, empoderar a las mujeres a salir adelante de cualquier relación de violencia”, añadió.

González Colón también se comprometió en continuar defendiendo mayores recursos para agencias y programas claves en la lucha contra la trata humana y la explotación infantil, como lo es la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, siglas en inglés) que lidera en la isla el Puerto Rico Crimes Against Children Task Force (PRCACTF), los Human Trafficking Programs de la Oficina para Víctimas de Delitos del Departamento de Justicia federal, como para esfuerzos a nivel internacional a través de los Anti- Trafficking Programs del Departamento de Estado federal y USAID.

Explicó que a pesar de que existen programas federales para atender este mal social, según la data publicada por el Departamento de Justicia federal en su página de internet, en Puerto Rico ninguna organización o agencia ha recibido fondos bajo estos programas, al menos recientemente.

“Abogaré ante el Departamento de Justicia federal para que se considere proveer fondos bajo estos programas contra la trata humana en Puerto Rico. Sin embargo, reconociendo que dichos fondos tienen que ser solicitados directamente por las agencias y organizaciones, y que se adjudican de manera competitiva, abogaré para que el Departamento oriente sobre la disponibilidad de los programas y el proceso de solicitud”, manifestó.