Centro Judicial de San Juan

Foto del Centro Judicial de San Juan. >Archivo / EL VOCERO

Los comisionados electorales tienen hasta las 5:00 p.m. del martes para responder a las mociones de desestimación presentadas por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y por el Partido Nuevo Progresista (PNP), en relación con la demanda incoada por el Proyecto Dignidad (PD), colectividad que busca que el Tribunal de San Juan declare inconstitucional el artículo 6.1 del Código Electoral porque alteró las condiciones para que un partido político pueda retener su franquicia electoral después de las elecciones del 2020.

Así lo ordenó la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan Rebeca de León, tras escuchar los argumentos orales de las partes.

El pasado 22 de diciembre el comisionado electoral del PD Juan Frontera Suau, demandó a la CEE y a los restantes comisionados electorales para que se declare inconstitucional el artículo 6.1 del Código electoral.

El demandante reclama que las disposiciones del estatuto relacionadas con la retención de la franquicia electoral no deben ser aplicadas retroactivamente.

La colectividad afirma que la aplicación es retroactiva porque presentó sus candidaturas previo a que se aprobara el nuevo Código electoral.

El pasado 20 de junio la gobernadora Wanda Vázquez firmó el nuevo Código Electoral, el cual dispuso, entre otros requisitos, que para retener su status como “partido estatal”cada colectividad debía postular aspirantes para al menos el 50% de las 78 alcaldías con sus respectivos legisladores municipales. 

Expone que por disposición expresa de la CEE, el PD tuvo que someter todas sus candidaturas en o antes del 16 de marzo de 2020, lo que le imposibilitó añadir más candidaturas luego de esa fecha.

La ley, con el requisito de candidaturas fue aprobada tres meses después, el 20 de junio.

“La creación de una segunda categoría de partido con franquicia electoral que elimina de manera real y palpable que el PD pueda competir en igualdad de condiciones con los de primera categoría o ‘propietarios’ sin establecer un interés apremiante para dicha distinción constituye una violación a uno de los preceptos fundamentales del derecho electoral puertorriqueño”, señala el recurso legal.

Agregar que “existe un claro trato discriminatorio e injustificado contra PD a través de la aplicación retroactiva del Artículo 6.1 del CE. Desigualdad en la participación plena de la toma de decisiones de la CEE, en la fiscalización recíproca que viene con la misma, en la participación de los procesos electorales mediante el balance real en procesos tan esenciales como el voto ausente, adelantado, a domicilio, por correo, en la participación en las Juntas de Inscripción Permanentes y en el tratamiento económico. La clasificación sospechosa fundada en partidos con franquicia de primera y segunda categoría es insostenible bajo cualquier análisis jurídico, pues afecta directamente los derechos de los electores de PD”.

Asimismo, el PD alega que los artículos 6.1 y 3.1 del Código Electoral son inconstitucionales por violar la Igual Protección de las leyes y los derechos de expresión, asociación y el derecho al voto de la colectividad, sus candidatos y electores.

Mientas, la CEE, representada por el abogado Manuel Fernández, solicitó la desestimación del caso al alegar que el PD carece de legitimación activa, al no haber sufrido un daño claro y palpable y al ser prematura su reclamación.

Asimismo, afirma que el tribunal carece de jurisdicción al no haberse agotado los remedios administrativos disponibles; al no ser de su faz ni en su aplicación, inconstitucionales las disposiciones de ley señaladas y por no cumplirse los requisitos para la expedición de un interdicto preliminar.

Plantea además que pesar de haber tenido tiempo sustancial, desde la aprobación del Código Electoral vigente, el PD no había planteado tales asuntos ante la CEE.

Por su parte, el abogado del comisionado electoral del PNP, Carlos Rivera Justiniano,  solicitó la desestimación del recurso legal.

“Las alegaciones anteriormente expresadas por el Partido Proyecto Dignidad son una invitación a que este tribunal legisle a conveniencia de dicho partido político en ausencia de alegaciones válidas para demostrar la inconstitucionalidad de la Ley 58-2020. A la parte demandante no le asiste el derecho a solicitar injunction toda vez que perder su franquicia electoral no constituye un daño irreparable en la medida en que este se puede volver a certificar; no ha evidenciado más allá de una expectativa, y esto no es un derecho, por lo tanto, no es justiciable”, señaló Rivera Justiniano.

 Insistió en que la parte demandante no ha puesto al tribunal en posición como para demostrar que ha sufrido o sufrirá un daño de patente intensidad. Una mera alegación superficial sin establecer concretamente en qué consiste el daño sustancial e irreparable es insuficiente para que el honorable tribunal conceda la petición de la parte demandante”.

De otro lado, el profesor Carlos Gorrín, abogado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), expuso que el PD va a sufrir un daño tras los cambios en el Código Electoral. “No tengo duda de que la espada de Damocles va a caer cuando la CEE certifique el resultado. Inminentemente, va a ocurrir el daño”, apuntó Gorrín.

Destacó que  en noviembre el comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte había levantado la controversia de los requisitos  ante el presidente de la CEE, Francisco Rosado porque en ese momento entendió que el asunto no estaba maduro.

Entretanto, Jorge Farinacci, representante legal del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), afirmó que el caso no es justiciable porque el mismo no está maduro porque la CEE aun no ha decidido si el artículo 6.1 le aplica al PD.