Congreso

Imagen del Congreso, en Washington. >J. Scott Applewhite/AP

Se acerca el reinicio del debate sobre el estatus y con ello el reclamo por respuestas concretas. No es para menos, porque la única forma de resolver este tema —además de lograr un mecanismo procesal de consenso— es obteniendo respuestas claras por parte de un Congreso que no divulga lo que está dispuesto a ofrecer y bajo qué condiciones.

Cuando eso ocurra, todas las opciones chocarán con su realidad.

La opción de la independencia será la primera que caerá del tablero de opciones. Eso ocurrirá por el escaso apoyo que mantiene entre el electorado y porque tan pronto se comience a profundizar sobre las consecuencias de cada fórmula, quedará al descubierto un tema que el liderato independentista evade constantemente: la pérdida prospectiva de la ciudadanía americana por nacimiento bajo la república de Puerto Rico.

La razón es obvia. En un país donde no aplicarán las leyes federales de aduana e inmigración que ubican la extensión territorial de Puerto Rico bajo jurisdicción federal, no es posible obtener la ciudadanía americana por nacimiento. Es sentido común; nadie recibe la ciudadanía por nacimiento, si no nace en suelo americano.

Ante esa realidad, será interesante conocer la reacción del electorado cuando sepa que bajo la independencia, la única forma de transferir la ciudadanía americana a sus descendientes es por la vía de sangre; un extenso, complejo y costoso proceso legal que aplica a los ciudadanos americanos que residen en países extranjeros, y que se distancia enormemente del simple trámite que se realiza ahora en Puerto Rico de inscribir al recién nacido.

Si aún no me cree, le invito a leer la página 166 del programa de gobierno del PIP (Patria Nueva) en donde, además de proponer un curioso periodo de transición hacia la república que conserva indefinidamente todos beneficios del ELA, los amigos del PIP hablan de una “doble ciudadanía” que, al leer cuidadosamente su texto, usted notará que solo se refiere a la retención de la ciudadanía americana de los que la ostentan, pero guardan silencio —convenientemente— sobre las personas que nazcan con posterioridad a la llegada de la república.

Ahora usted entenderá, por qué el senador Juan Dalmau enterró siete pies bajo tierra el discurso pro independencia en la pasada campaña electoral, argumentando que un voto por él no era un voto para adelantar la república. Por supuesto que no lo era, porque si lo hubiese sido, el 13% que obtuvo, se desintegra.

Pero hablemos de la estadidad; esa alternativa que el liderato anexionista anda exigiendo con un 52% de los votos, mientras reclaman el mismo trato de Alaska y Hawái cuando los convirtieron en estados.

Es aquí donde los amigos del PNP se disparan en el pie, porque la cronología de eventos sobre el surgimiento de esos estados, lejos de ayudarlos, los debilitan tremendamente.

Observemos la historia de Alaska. Sus residentes tuvieron que esperar 92 años —desde que pasaron a manos de los Estados Unidos—, más celebrar tres votaciones distintas, para convencer al Congreso de que contaban con una supermayoría electoral.

La primera votación ocurrió el 8 de octubre de 1946 cuando el 58.5% del electorado votó a favor de la estadidad. El Congreso, sin embargo, ignoró el resultado. Una década después, el 24 de abril de 1956 votaron por segunda vez; y ese día, la estadidad obtuvo el 61.1% de los votos. Tampoco les hicieron caso. No fue hasta el 28 de agosto de 1958 cuando el 83.5% de los electores votó en favor de la estadidad, que el Congreso decidió otorgarla un año después.

Es decir, en esos 92 años de espera por la estadidad, tuvieron que pasar 47 años como territorio incorporado pagando contribuciones federales sin representación congresional y llegar al 84% de los votos.

El caso de Hawái fue similar. La primera votación fue el 5 de noviembre de 1940, cuando el 67% de los electores votó a favor de la estadidad. El Congreso no la concedió. Una década después, el 7 de noviembre de 1950, el 75% de los electores pidió la estadidad, pero el Congreso volvió a ignorarlos. No fue hasta el mes de junio de 1959, cuando el 95% de los electores votó en favor de la estadidad, que el Congreso finalmente la concede.

Es decir, Alaska y Hawái tuvieron que esperar casi medio siglo por una supermayoría electoral que todos sabemos no existe ni existirá en un futuro cercano en Puerto Rico.

Entonces, si la independencia no tiene apoyo y la estadidad es una quimera, ¿qué opción tenemos?

Esa respuesta es la clave; y por eso, desde la próxima semana, iniciaremos la discusión amplia sobre la mejor alternativa que tenemos como nación: el desarrollo de un nuevo modelo de asociación política, robusto y descolonizador, que recoja lo que la inmensa mayoría de los puertorriqueños anhelamos: un ELA con poderes.