Elecciones

Las elecciones se llevarán a cabo el 3 de noviembre. >Archivo/EL VOCERO

“En la vida, los mejores amigos no son los que siempre te dicen que estás bien; sino los que te dicen la verdad, aunque nos duela”.

Esa frase, la repetía mi padre, Severo Colberg Ramírez, al fustigar al Partido Popular Democrático, cuando entendía que perdía su norte.

“Soy exigente con mi partido, porque quiero que siempre sea el mejor y el más responsable a la hora de servirle al País”, dijo en una ocasión Severo en una entrevista en Ponce, recuerdo, con el fenecido periodista Néstor Figueroa Lugo.

Luego de haber estado por dos décadas en las estructuras del PPD —como legislador y secretario general— puedo afirmar que Severo tenía razón.

En ocasiones, el PPD necesita un buen jamaqueón a tiempo, de esos que te traen de vuelta a la tierra y te bajan de la nube.

Comparto esta reflexión, porque en estos tiempos la campaña se ha concentrado en la carrera por la gobernación, cuando hay otros retos igualmente importantes.

Desde que se firmó la ley federal Promesa —el 30 de junio de 2016— el juego cambió y muchos no saben que la esfera de poder que tiene la fuerza para frenar muchas de las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es la Asamblea Legislativa y no necesariamente el Ejecutivo.

Por eso, es impostergable ponerle el ojo a la legislatura, máxime cuando la decisión de si el PNP o el PPD habrá de controlarla, recae en las manos de 103,000 electores populares.

¿Y cómo es eso posible?, les explico:

La ley federal Promesa le otorga poderes amplios a JSF que van desde el control de las finanzas, la reasignación y el desembolso de fondos, hasta el poder de dejar sin efecto leyes u órdenes ejecutivas que no sean cónsonas con el plan fiscal aprobado. Un plan que, en virtud de la ley federal, nadie puede revocar.

No obstante, Promesa no le concede poderes absolutos a la JSF ya que el estatuto federal le impuso limitaciones a la Junta que son pertinentes de observar en este momento.

La primera de ellas es que la JSF no puede aprobar proyectos estratégicos de forma expedita por encima de las disposiciones de la Ley del Plan de Uso de Terrenos (Ley Núm. 550 del 2004).

De hecho, ese estatuto —del cual soy el autor— es la única ley del Estado Libre Asociado que Promesa excluye, expresamente, de los poderes revocatorios de la Junta. De ahí que el gobierno del PNP insista en tomar control del Plan de Uso de Terrenos modificando sus clasificaciones de suelo contrario a la ley.

Pero hay otra limitación que tiene la Junta que es de mayor importancia y es el hecho de que el Congreso —si bien le concedió poderes extensos a la Junta— nunca le otorgó facultad para legislar.

Ese dato pone de manifiesto la importancia del que controle la Asamblea Legislativa en el próximo cuatrienio, porque podrá actuar sobre ciertas decisiones de la Junta.

A manera de ejemplo: cualquier reestructuración de las agencias del gobierno, modificaciones a leyes, venta de bienes y activos, eliminación o creación de corporaciones públicas o inclusive, la posible consolidación o eliminación de municipios, requieren acción legislativa.

¿Y qué tienen que ver los 103,000 populares con esto? Pues mucho.

Resulta que en las elecciones de 2016, un total de 103,050 electores populares que votaron bajo la insignia de la pava, decidieron votar por candidatos legislativos de otros partidos o romper los bloques asignados intrapartido. Esa cifra, representó el 52% de todos los votos mixtos.

Es decir, más de la mitad de los votos mixtos emitidos en la papeleta legislativa, surgieron desde las filas del PPD.

Esa fragmentación institucional provocó que la Cámara de Representantes se perdiera por 9 escaños, de los cuales las ventajas del PNP fluctuaron entre 136 y 1,100 votos en siete distritos representativos y otros 5,000 votos por acumulación. El Senado popular perdió en siete distritos senatoriales con diferencias entre 5,000 y 8,000 votos.

Por eso, los votos de los candidatos del PIP e independiente provienen, en su inmensa mayoría, del Partido Popular. Nadie tenga dudas de que ese desangre —de repetirse— le daría nuevamente el control legislativo al PNP.

Ante eso —a tres semanas de las elecciones— resulta inconcebible que no exista una campaña institucional del PPD pidiendo el voto íntegro; y, peor aún, que casi ningún candidato esté usando la insignia de la pava, que es lo que estará en la papeleta.

Tengamos claro los populares que, sin la legislatura, no ocurrirá jamás la segunda transformación. Suena fuerte, pero así es. Y es bueno saberlo desde ahora, porque después de todo, los verdaderos amigos, son los que dicen las verdades a tiempo.