La Fortaleza

Foto de La Fortaleza. >Archivo/EL VOCERO

Por segunda ocasión en el mismo cuatrienio, Puerto Rico tendrá un proceso de transición gubernamental. El primero fue breve e informal entre el renunciante Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez en agosto 2019; y el segundo será uno formal entre esta y el ganador de la elección.

Desde 1968 hasta el 2000 los gobiernos tenían que ponerse de acuerdo en la manera en que se transmitía la información de uno a otro y para ello partían de la buena fe de sus integrantes sin que hubiese procedimientos obligatorios que seguir ni requisitos particulares que cumplir. Aunque la controversia política era dura y el gobierno era menos complejo, eran otros tiempos y los líderes políticos cedían y transmitían la información necesaria en beneficio del orden y la gobernanza. No obstante, la experiencia conflictiva y poco cooperadora del gobierno saliente en la transición del año 2000 provocó, que como medida de protección para el futuro del País, se aprobara la Ley para Regular el Proceso de Transición del Gobierno de Puerto Rico, que se puso en función en la elección de 2004.

Con el propósito de viabilizar una transición ordenada y eficiente se establecieron normas para llevarla a cabo. Se dispuso que ese proceso debía iniciarse el cuarto día después de celebradas las elecciones y concluir en o antes del 31 de diciembre, tomando en consideración que el nuevo gobierno juramenta el 2 de enero del año siguiente. Lo cierto es que, aunque impráctico en unas elecciones cerradas, nada impide que se comience antes. Se ha anunciado que el proceso comenzará al próximo día de la elección. Digo impráctico porque se puede estar realizando el proceso con un ganador preliminar y luego de un recuento tener que comenzar el proceso con otro.

El comité de transición saliente estará compuesto por los siguientes funcionarios: el secretario de Estado quien será su presidente; el secretario de la Gobernación, el secretario de Justicia, el secretario de Hacienda, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento —que ha sido sustituido por el presidente de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal—, el presidente de la Junta de Planificación y el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas. La gobernadora podrá nombrar hasta tres funcionarios adicionales. El gobernador entrante designará hasta 10 miembros, incluyendo a su presidente que, a su vez, designará un director ejecutivo y cuantos grupos asesores necesite. Por lo general se designan contrapartes en las mismas materias del comité saliente. Es un deber ministerial del gobierno saliente participar del proceso y, de negarse, el Tribunal Supremo le puede obligar a hacerlo.

Los informes de transición, de todas las agencias y corporaciones públicas estarán finalizados, firmados y juramentados por sus respectivos jefes y entregados a la oficina del secretario de Estado en o antes del 31 de octubre del año eleccionario. Se ha informado que todos ya están listos y se entregarán de forma digital.

La ley establece la uniformidad de contenido de los informes de las agencias respecto a recursos humanos, estatus y planes de cada una de las unidades administrativas, situación financiera y auditorías, inversiones, inventario de la propiedad, acciones judiciales en las que sean partes o estén pendientes, subastas en proceso y adjudicadas en los últimos tres meses, reglamentos, memorandos, circulares y normas vigentes, leyes aprobadas que afectarán a las agencias, planes de acción correctiva requeridos por la Oficina del Contralor, contratos vigentes al momento de la transición y cualquier otra información o documento que sea necesario divulgar.

La sede será el Departamento de Estado y el secretario de Estado deberá proveer espacio y recursos al comité del gobierno entrante para que pueda realizar su trabajo, particularmente las vistas públicas donde se interrogará a los jefes de agencia de acuerdo a los informes presentados y al concluir se realizará un informe final. Debido a la pandemia y la necesidad de hacer el proceso en un lugar amplio donde se pueda mantener el distanciamiento físico, se ha seleccionado el Centro de Convenciones para realizar los trabajos.

Puerto Rico se merece no sólo un resultado claro e incuestionable de la elección general sino un proceso de transición honesto y repleto de verdades que nos arroje un cuadro claro y preciso de cada una de las dependencias de gobierno saliente de tal forma que el gobierno entrante pueda cumplir su función sin sorpresas, sin desconocimiento y sin figuras ocultas tras la sombras. Todos tenemos el derecho de ser informados adecuadamente sobre aquello que pueda afectar nuestro presente y nuestro futuro.