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Empecemos con unas precisiones que, por obvias, serían innecesarias si en la Asamblea Legislativa reinara la sensatez y la seriedad. La primera es que esa rama de gobierno, compuesta por Senado y Cámara de Representantes, no es una empresa privada. La segunda es que todos los salarios que allí se contratan son pagados con fondos públicos, que es lo mismo que decir, que los pagamos todos los que aportamos nuestras contribuciones. La tercera es que el pueblo tiene derecho a saber cómo se gasta su dinero.

Bastante sencillo, ¿verdad? Pues parece que no.

Ha trascendido una sentencia en la cual un tribunal ha tenido que obligar al Senado de Puerto Rico a divulgar los sueldos. Para evitarlo, el Senado había invocado que los sueldos que se pagan en su nómina gozan de cierto secretismo. El mero hecho de que la controversia no se haya resuelto a través del distorsionado, prostituido y opaco concepto de la “transparencia”, daba una idea de las torceduras que imperan en el Capitolio.

No cabe duda de que en el expediente de personal, aun en el caso de empleados de la rama legislativa, existen datos confidenciales. Ejemplo de ello podría ser el número de Seguro Social o condiciones médicas del empleado. Dicha confidencialidad no se extiende al nombre del que pretende recibir un cheque nuestro, su puesto, las funciones asignadas y cuánto le pagamos por las tareas que realiza.

No existe un argumento legal razonable para tratar de impedir que esa información fuera conocida por el pueblo. Por esa razón, el juez que resolvió el caso fue rechazando una por una las pretensiones del Senado para su defensa del secretismo. La política pública en favor de la transparencia y el derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información pública no podían ceder ante los argumentos livianos de que proveer la información era oneroso o ponía en peligro la vida de sus empleados.

Si la negativa del Senado a divulgar los salarios de sus empleados fuera un asunto meramente legal, con la sentencia que le ordenó proveer la información sería suficiente para terminar la discusión. Sin embargo, me parece que detrás de esa actitud hay algo que va más allá de teorías legales. El manejo de las cámaras parece para sus presidentes la arbitraria posesión de “sus fincas”, y no el descargue responsable de administrar fondos públicos. El sentido de impunidad, la creencia de que el presupuesto es de ellos y la posición de darle la espalda al pueblo ha sido su sello característico.

Recibida la orden de la corte, el presidente del Senado no tuvo otro remedio que presentar la famosa nómina. Acorralado por la opinión pública, el presidente de la Cámara de Representantes, tuvo que emularlo. Y en ese momento, a la indignación inicial por escondernos los datos, se sumó la rabia por el descaro en la contratación de amigos, políticos derrotados y allegados. No sólo los nombres y las relaciones políticas y personales con los presidentes legislativos causaron malestar. También el monto de algunos sueldos, que en algunos casos no tenían proporción con las tareas o pericia, y en otros eran auténticos derroches de dinero nuestro.

Entonces entendimos el concepto del secretismo invocado para no dar la información. Era el secretismo del clan. Era la autoprotección para evitar la crítica. Era la defensa impúdica de su poder para manejar los recursos públicos sólo para favorecer a unos pocos y sin el bienestar del pueblo en mente. Era el aferrarse a un pequeño toldo azul que cubría precariamente su pose de servidores desprendidos. Y por eso, la justa indignación y el coraje del pueblo.

La indignación y el coraje deben tener su manifestación política en las elecciones que se celebrarán en pocos días. La frustración no puede ser sinónimo de impotencia, sino de acción para cambiar el curso. El historial de los legisladores del PIP ha sido de excelencia a través del tiempo. En su papeleta hay candidatos para cada posición legislativa. Una buena forma de acabar con los favores a los del clan y los abusos de espalda al pueblo, es votando por los candidatos a senadores y representantes del PIP.