CEE- Elecciones

Como si fuese en otro plano de una dimensión desconocida, Puerto Rico ya cuenta con un nuevo gobernador de facto, David Skeel, recientemente designado presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF). Todavía está pendiente si los resultados de las elecciones al Norte alteran en algo el panorama para enmendar la ley Promesa que rige los trabajos de dicha entidad. De lo contrario, nos espera un futuro inmediato sombrío. Hay que tocar fondo con la realidad. No nos llamemos a engaño con los aires preelectorales que soplan obviando lo que nos da de frente. Producto de la quiebra fiscal de una deuda pública astronómica, Puerto Rico lleva cuatro años bajo una “sindicatura” que en gran medida limitó el gobierno propio. Ya se sienten los efectos de la reconfiguración de la JCF creada en 2016 al amparo de la ley Promesa. Con la renuncia de cuatro integrantes, entre los cuales hubo tres puertorriqueños —José Carrión Benítez, José Ramón González, Carlos García, y Arthur González— y la designación reciente de Justin Peterson, cabildero de bonistas, su falta de sinergia se evidencia. Ya se dieron los primeros encontronazos en que el recién llegado cuestionó las decisiones tomadas por la JCF conducentes a la aprobación del nuevo Plan de Ajuste (POA), criticándoles por su trayectoria contraria a los intereses de los bonistas. Retirándose de la reunión (30/octubre/2020), les dejó sin quorum para la toma de decisiones, a sabiendas que dicha acción, en efecto, constituirá un veto.

Mañana está en manos de cada elector(a) hacer un acto de conciencia sobre la precaria democracia en que se ejercerá la ilusión óptica del sufragio en este territorio-colonial borinqueño bajo los poderes plenarios del Congreso de EE.UU. Son varios los vectores que se entrecruzan en distintos planos que forjan la complejidad paradigmática con la presencia de la JCF. La ciudadanía opta por hacerse de la vista larga del cerco en que se enjaula la mentalidad colonial, restringiéndose la comprensión del delimitado alcance real político del ejercicio del voto en estas elecciones.

Hay quienes están convencidos(as) en su fuero interno que se cuajará un repudio contundente al “bipartidismo” que por décadas aglutina a “populares-colonialistas” (PPD) y estadistas (PNP). Dicho discurso con gríngolas pierde de perspectiva a independentistas unidos(as) bajo un tercer partido (PIP), que les han hecho el juego a dichos partidos principales que se turnan la administración de la colonia. A partir de la aprobación en 1952 de la Constitución del Estado Libre Asociado dentro de los confines políticos restrictivos territoriales, en 1968 Luis A. Ferré (PNP) rompió el dominio absoluto del PPD. Debido en gran medida a la persecución política sistemática, paralelamente las fuerzas del independentismo han perdido terreno electoral. Muchos(as) independentistas han optado por cobijarse bajo la sombrilla del PPD. Por un lado, bajo la protección del ala “soberanista” del PPD, hay quienes se abrieron espacio en el servicio público como fuente de trabajo. Otros(as) independentistas tácticamente unieron fuerzas con “populares-colonialistas” como alianza para frenar la culminación anexionista de Puerto Rico a EE.UU. como estado promulgada por el PNP. Viviendo igual de las arcas públicas, asimilados contradictoriamente por la ideología dominante trifurcada, por su parte el PIP ha logrado muy poco para cambiar el paradigma político estancado. Lamentablemente, hasta su efectividad como poder contestatario fiscalizador ha menguado.

Tras varios intentos tímidos anteriores de desbancar a los tres partidos que han vivido de fondos públicos, en esta ocasión hay un sector que activamente busca restarles votos. Luego de la movilización masiva del verano de 2019 —logrando tumbar al gobernador Ricardo Rosselló Nevares—, hay un sector de la ciudadanía entusiasta con bríos renovados que se quedó con el deseo para fomentar un cambio total. Zafándose de estructuras partidistas que consideran anquilosadas se reagruparon en dos partidos nuevos (MVC, PD) y una candidatura independiente para la gobernación. Además, este segundo soplo renovador busca acaparar el voto de jóvenes que por vez primera ejercerán su derecho al sufragio. Sin embargo, pierden de perspectiva que el descontento con el paradigma electoral colonial también se canaliza en la abstención electoral en contra de la reproducción de los mismos estilos que tanto critican, y que ya por sus propias acciones traslucen, sin todavía ostentar el poder. El derecho al sufragio va acompañado del derecho a no ejercerlo, como protesta y resistencia al ‘statu quo’ de un sistema electoral de una partidocracia quebrantada que se perpetúa.

¿Se logrará desbaratar la hegemonía política delimitada dentro del territorio colonial? ¡Pronto descifraremos el mensaje del enigma político de un país dividido!