El Gran Debate, candidatos a la gobernación

Votar para romper el bipartidismo que tanto daño le ha hecho a Puerto Rico, no implica que el horizonte que se perfila sea un arco iris de un nuevo renacer esperanzador. Tanto la corrupción en el PPD y PNP, su engaño y desdén reiterado hacia el pueblo, como el desgastado truco de usar un plebiscito amañado como gancho electoral, está en la papeleta en estas elecciones. Quienes cifran su “verdad” sobre la creencia de que todo se resuelve con un cambio de estatus político, no toman en cuenta otras variables que subsisten. Una élite política se enconcha en su mundillo perpetuando sus riquezas, divorciado de un pueblo empobrecido. Romper la “piña” de los dos partidos principales que se adueñan de las arcas públicas, resultaría atractivo con “promesas” ancladas en la realidad.

La violencia que nos arropa es un síntoma del malestar que emana de las desigualdades sociales, sean por clase social, género, raza, edad, entre otros. Para erradicar la violencia hay que atajar la raíz de las inequidades. Aunque la educación es fundamental en la formación de seres respetuosos de la dignidad, dejó de ser la puerta que garantice abrirnos oportunidades. Una visión de mundo torcido en sus valores, socava el respeto a la humanidad. La violencia institucional cimentada sobre una ideología que le perpetúa, se torna sucio difícil de sacar, costándonos vidas a manos de asesinos cuyo desdén hacia el prójimo es la ley del día.

Las plataformas de los partidos políticos destacan las promesas huecas de antaño. Increíblemente, a ley de dos semanas de las elecciones, el PNP no ha aprobada la suya. La ilusión óptica de que la oferta del partido nuevo de “victoria ciudadana” sea distinta es mentira. A pesar de que incorpora reclamos desde hace décadas de derechos de víctimas y testigos barajándose el respeto a la dignidad (1988), “evaluar la posibilidad”, sin comprometerse, a elevarlos a rango constitucional y establecer una red regional de centros de ayuda a víctimas (Agenda Urgente, MVC, p. 92, 100, 102), se hacen sal y agua, ante el propuesto retroceso al código penal contrario a la realidad. Ronda el fantasma del “toallazo al criminal” del Código Penal de 2004 (Ibid, p. 104-107), del anquilosado PPD. Es totalmente errado, caracterizar como “punitivo” el mecanismo existente para proveerle seguridad a las víctimas sobrevivientes, separando de la sociedad a los asesinos, secuestradores, violadores, maltratantes de mujeres, entre otros. El encarcelamiento con sentencias largas a criminales violentos evita que reincidan tomando represalias en contra de sus víctimas sobrevivientes por haberles denunciado y careado en un juicio.

De 2004 a 2012, en Puerto Rico se ensayó con la lenidad al criminal violento, sin atender la ficción de la mal llamada “rehabilitación” a partir de un lenguaje cuestionable en la Constitución del ELA. Habiendo rebajado drásticamente las penas en los delitos de violencia contra la persona, los(as) políticos(as) pescando votos coquetean con bajarlas nuevamente, incluso jugando con bonificaciones. Retornar a la posibilidad de dejar sin efecto el sistema penal de sentencias, mediante un “certificado de rehabilitación” (Ibid, p.105) para supuestamente promover una “justicia restaurativa” es no conocer las deficiencias del sistema carcelario en la Isla. En la práctica ello implica que un asesino de mujeres a los 12 años de una cadena perpetua peligrosamente podría declararse “rehabilitado” (Art. 104, Código Penal 2004). La falta de programas que científicamente garanticen el cambio de conducta de violencia no se resuelve con programas de “reinserción”, sin criterios confiables de “rehabilitación”. La falta de mantenimiento adecuado de expedientes penales; la falta de intercambio de información entre el personal de los distintos componentes dentro del penal; la falta de procesamiento por delitos nuevos cometidos dentro de los penales; la falta de evaluación de la totalidad del historial penal al momento de tomar determinaciones sobre los confinados, entre otras deficiencias, tornan su promesa programática anquilosada prometiendo “castillos en el aire”. Esencialmente, revocar el sistema carcelario, sin ofrecerle ninguna garantía de seguridad a las víctimas de delitos de violencia es un desacierto de marca mayor.

Por su parte, el PIP también reproduce la visión atrofiada del PPD del supuesto “mandato constitucional de rehabilitación” para enmendar el código penal de la “fracasada estrategia punitiva” y extender “certificados de rehabilitación” (Programa Patria Nueva, PIP, Desarrollo Social-Seguridad, Sec. III (2), y 3 (c), y Sec. IV, p.3-4). Aclimatar a las víctimas para “superar” la violencia sufrida, como paliativo para excarcelar de forma temprana a sus victimarios es añadir a la injuria.

Por años las víctimas de crímenes violentos combatimos exitosamente derogando estas falsas ilusiones. ¡Esto es más de lo mismo!