Papeleta

El Partido Nuevo Progresista (PNP) anda en la cuerda floja para su posible reelección. Estará por verse si el gancho plebiscitario en torno al estatus político de Puerto Rico moverá a su electorado cambiando el jinete hacia la victoria, y sustituyendo a los corredores del apocalipsis de “la maldad, plaga y muerte” de su mayoría legislativa actual. Su candidato, Pedro Pierluisi Urrutia, en este cuatrienio no fue parte de la administración del PNP. A pesar de que la base electoral de dicha colectividad es amplia, Pierluisi Urrutia está contra la pared. No solo tiene que atajar la herida primarista contra la vencida gobernadora Wanda Vázquez Garced quien se ha negado a endosarle públicamente. Además, debe disipar la incomodidad de voces estadistas que formaron parte de la ola del pueblo que al unísono se levantó para destituir a su contrincante primarista de 2016, Ricardo Rosselló Nevares. Al margen de la necesidad de interpretar la constitucionalidad de la ley vigente, la forma en que Pierluisi Urrutia juramentó como gobernador a escondidas del pueblo en el verano de 2019, dejó un mal sabor. Se verá si ahora le pasan factura en las urnas.

A eso se suman varios cuestionamientos de envergadura para el País. La primera es su asesoramiento legal previo a la Junta de Control Fiscal (JCF). Hasta su propio controvertible correligionario presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, lo criticó enérgicamente, sacándole punta política al tema. Existe una nébula que opaca la posibilidad de ser prístino con el pueblo. Si fuese gobernador, ¿cómo salvará los conflictos de intereses? Como gobernador deberá velar por los intereses del pueblo contrarios a la JCF, mientras protege su propia licencia profesional por su participación previa en el bufete O’Neill y Borges contratados por la JCF. ¿Podrá sentarse como representante de la parte fiscalizada, cuando anteriormente representaba a la parte fiscalizadora? ¿Qué información privilegiada obtuvo de la JCF al tomarse determinaciones en contra del pueblo, para viabilizar la reestructuración de la deuda pública astronómica? ¿Lo inhabilitaría estar sentado como gobernador en la misma mesa como ha prometido, defendiendo los intereses del pueblo evitando -a modo de ejemplo- aumentar impuestos como fuente de repago para solventar la deuda? La carta contractual del Bufete O’Neill & Borges (23/noviembre/2016) dirigida a la JCF establece que la posibilidad de “trabajar en cualquier asignación particular estaría sujeto a la ausencia de conflictos de intereses”. Según se le fue requerido, O’Neill & Borges le divulgó a la JCF el listado de instrumentalidades gubernamentales y entidades privadas que podrían ser pertinentes al brindarle sus servicios. “Dentro de las circunstancias en que las Reglas de Conducta Profesional le permita, a usted como cliente, podrá renunciar al conflicto, nosotros solicitándole a usted y la otra clientela afectada dicha dispensa” (Ibid, p. 2). Además, la ley Promesa en torno a la ética (Sec. 109, p. 21) expresa que aparte del cumplimiento con leyes de Puerto Rico pertinentes, todos los integrantes y personal de la JCF deberán cumplir con el estatuto que rige intereses financieros personales (Sec. 208, Título 18, USC).

En otro asunto medular presente en la conciencia social, es cómo al mando del gobierno Pierluisi Urrutia atajará la ola criminal. Independientemente de toda la tecnología, promesas de mejorar condiciones laborales para personal de agencias de investigación criminal, ¿de qué valen los derechos de las víctimas de crímenes violentos, si retroceden en su política pública para pescar votos de los confinados? ¿El PNP adoptará oportunistamente las mismas posturas del Partido Popular Democrático, Partido Independentista Puertorriqueño, Proyecto Dignidad, y Victoria Ciudadana de la supuesta “justicia restaurativa”? Hay que aclarar el lenguaje ambiguo contenido en su plataforma cuando se refiere a “ciertos tipos de ofensas” y “confinados no peligrosos que han demostrado estar rehabilitados” (“Puerto Rico Promete”, p. 139-140). Hay que ponerle tranquillas claramente expresando de que no aplicará a convictos de delitos de violencia contra la persona; asesinato, secuestro, violación, agresión, uso ilegal de armas y las tentativas de todos estos, entre otros. De lo contrario, abren la puerta giratoria a la reincidencia poniendo en peligro a las víctimas y al resto de la comunidad.

Hace años logramos que insertaran en sus compromisos electorales del PNP (2004 y 2008), la eliminación de dicha política pública utópica, totalmente fuera de contacto con la realidad. En 2012 finalmente se derogó el Código Penal de 2004 (PPD) del “toallazo al criminal” para que ahora retrocedan. ¿Será que todos los partidos políticos al unísono promoverán la impunidad a los convictos de corrupción? ¡Hay que dejarse de paños tibios!

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