California asigna fondos para ayudar a inmigrantes

AP

Mientras se habla de la importancia de extender la  Ley 154 de 2010, con un arbitrio especial de 4% a las llamadas “empresas foráneas”, son muchas las personas que desconocen quiénes componen el selecto grupo de compañías con tanto “peso” en el Fondo General de Puerto Rico.

Se trata de unas 19 empresas, de las cuales unas siete representan el 80% de casi $2,000 millones en recaudos anuales. El presupuesto del Estado Libre Asociado vinculado al Fondo General, fluctúa por debajo de los $10,000 millones cada año.

Se estima que este grupo, en su inmensa mayoría lo componen compañías estadounidenses, las cuales y tienen un impacto significativo en la generación de empleos en la Isla, estimado en unos 12,000 puestos de trabajos, altamente remunerados.

Los casi $2,000 millones que producen por concepto del arbitrio especial, que vence en diciembre de este año pero ya el gobernador Ricardo Rosselló confirmó que los extenderán hasta el 2027, equivale a casi un 21% de los ingresos totales del Fondo General.

La Ley 154 cubre a entidades que adquieren productos manufacturados o producidos en  Puerto  Rico,  o  servicios  de  manufactura  provistos  en  la Isla por parte de sus afiliadas.   Las operaciones  de  manufactura  y  distribución  de  algunos  de  estos  grupos  que  llevan  a  cabo actividades locales de manufactura están  estructuradas  de  manera  que tal operación ocurre  en  el  ELA,  mientras  que  entidades  afiliadas  fuera  de  Puerto  Rico distribuyen los productos a través del mundo.

Según  la  Ley  154,  toda  vez  que  una  persona  adquiere  cantidades  substanciales  de propiedad  mueble  tangible  manufacturada  total  o  parcialmente  aquí,  o  servicios  de manufactura  llevados  a  cabo  en  Puerto  Rico,  de  miembros  de  su  grupo  controlado,  se  le   requiere   pagar  el  arbitrio  con  respecto  a  sus  adquisiciones  o  una  contribución sobre  ingreso  en  cuanto  a  la  porción  de  su  ingreso,  considerada  efectivamente  conectada  a  la operación  de  un  comercio  o  negocio  en suelo boricua. En un principio, dicha ley lo que persigue es retener en algo el denominado “transfer pricing” al venderle a una empresa afiliada.

Aunque se ha hablado de una prolongación del arbitrio de 4% por la próxima década, en la Asociación de la Industria Farmacéutica (PIA, por sus siglas en inglés), impera el silencio en torno a su posición al respecto, ya que en sus inicios fueron unos de los mayores opositores de la medida.  Sin embargo, y a diferencia de gobiernos anteriores, la actual administración indicó que les consultó antes de presentar el proyecto para extender el arbitrio especial.

EL VOCERO intentó obtener una reacción por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS) de Estados Unidos para conocer su posición en torno al reclamo a nivel federal por la tributación local, y al Departamento de Hacienda en la Isla, pero no hubo reacción ya que dijeron no ofrecen información relacionada a contribuyentes.

En tanto, el presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses enfatizó que lo importante de cualquier extensión del 4% es mantener la comunicación abierta con las multinacionales. “Es fundamental que cualquier  determinación que se tome sea en acuerdo con ellos. Puerto Rico necesita ese dinero y ellos están colaborando. El gobierno entrante se tiene que sentar con los CFO de estas empresas para plantearle la necesidad que ellos ya conocen y en conjunto llegar a un acuerdo. Se necesita lograr la armonía donde se reconozca lo que  la manufactura de alta tecnología necesita y lo pueden dar”.

Enfatizó, que cuando se habla del 4%, no se trata de un impuesto sobre ganancia neta, sino un impuesto sobre la venta, sobre el ingreso bruto. ‘Si llevamos eso a porcentaje, es un porciento bien alto. Tenemos que evitar que alguna de estas empresas opte por relocalizarse porque no quedaron satisfechos con las determinaciones del gobierno. No podemos imponernos, sino dialogar, así evitamos generar malestar que repercuta en un cabildeo en contra de la Isla”.

Masses puntualizó que la organización que preside nunca se ha reunido con el Gobernador entrante para llegar acuerdos a cambio de favorecer medidas. Aseguró, que su única reunión con Ricardo Roselló fue cuando era aspirante, reunión que igualmente sostuvo con otros candidatos y en la misma discutieron ningún tema relacionado con las reformas.

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